Polémico requisito: las reuniones en espacio público de más de tres personas deberán ser autorizadas
El proyecto busca reglamentar la organización de las manifestaciones a través de la autorización formal de toda reunión que tome lugar en el espacio público y este conformada por más de tres personas.Junto a la ley de ómnibus que se envió al Congreso para ser debatida durante las sesiones extraordinarias se incluyó un insólito requisito que regiría para las reuniones en espacios públicos. La medida solicita que los encuentros públicos que sean de tres o más personas deberán pedir permiso al Ministerio de Seguridad de la Nación con una antelación de 48 horas.
De ser aprobada la ley sin ninguna modificación, estas reuniones o manifestaciones deberán ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización al Ministerio de Seguridad, detallando las características; los datos de la persona u organización que la convoca, especificando «nombres y datos personales»; la finalidad de la movilización; el recorrido que tendrá; el tiempo de duración; y la cantidad estimada de participantes.
Luego de ser recibida la información, el Ministerio de Seguridad otorgará un comprobante que certifique la correcta presentación realizada, documento que deberán tener los organizadores al momento de la realización de la convocatoria. De contar con esto, la movilización podrá realizarse siempre y cuando no estorbe, impida o entorpezca el tránsito.
El Ministerio tendrá la posibilidad de oponerse a la aprobación de la reunión, «fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional», así como también podrá proponer modificaciones al horario, la ubicación o la fecha. En el caso de que se trate de una manifestación espontánea, el Gobierno plantea que la notificación deberá ser presentada «con la mayor antelación posible», respetando los requisitos mencionados anteriormente.
Tras los días de tensión en la Ciudad de Buenos Aires luego de la implementación del protocolo antipiquetes, esta normativa autoriza a las fuerzas federales a intervenir para evitar cortes o piquetes, empleando la «mínima fuerza necesaria y suficiente» para la situación. El proyecto propone que, en caso de registrarse una falta durante una movilización autorizada, el Ministerio de Seguridad de la Nación intime a cualquiera de los organizadores para que cesen con el incumplimiento de la normativa y adecuen la reunión a lo establecido. En caso contrario, se implementarán las acciones correspondientes.