Sabadini investiga a Daniel Capitanich, la intendenta de Campo Largo y otros funcionarios
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, libró el lunes pasado un oficio solicitando a la Contaduría General de la Provincia informes sobre el Vicegobernador y otras seis personas, entre ellas su ex esposa y actual jefa comunal de Campo Largo, y uno de sus hijos.
El funcionario del ministerio público no brindó detalles sobre las pruebas o documentación que tiene disponibles, pero informalmente sugirió que podría ser el primer paso de un “Lavado 4”.
El oficio sólo busca conocer si las personas referidas fueron proveedoras del Estado provincial, ya sea directamente o a través de empresas, desde 2015 hasta la fecha, pero la carátula de la causa no deja lugar a interpretaciones: “Investigación preliminar s/ Noticia Criminis s/Hechos de Corrupción y Lavado de Activos”.
Los investigados son Mateo Daniel Capitanich, vicegobernador de la Provincia; su ex esposa y actual intendente de Campo Largo, Mónica Estela Pereyra; y uno de sus hijos, Branco Daniel Capitanich.
Además están Luis Guillermo Roa, quien fuera gerente operativo del Ipduv y ya había sido sujeto de un juicio de cuentas del Tribunal de Cuentas de la Provincia en 2009 vinculado a su actuación durante la gestión 2007 de Félix Zarabozo, y en 2015 fue designado Subsecretario de Obras Complementarias del Ministerio de Infraestructura.
Orlando Rafael Sotelo, de Campo Largo, quien fuera candidato suplente a concejal de la localidad por el Frente Chaco Merece Más; María Carolina Borchichi, abogada, conocida como defensora del acusado de asesinar a Manuel Roseo y Nélida Bartolomé, Raúl “Gusano” Menocchio, eventualmente condenado a perpetua por su participación en esos crímenes.
Finalmente también aparecen el empresario Sergio Rodolfo Nazer, socio gerente del Grupo Pinck SRL, y Pedro Alberto Martínez, detenido en el marco de la causa Lavado II, padre de Natalia Martínez Guarino.
Ante un sinnúmero de cuestionamientos formulados en medios y redes sociales al fiscal Sabadini y a la jueza Zunilda Niremperger, a quienes les endilgan supuesta protección a la anterior gestión de gobierno provincial, el pedido del ministerio público sobre posibles hechos en los que podrían haber estado involucrados miembros de la familia Capitanich deja un claro mensaje respecto a que el velo que intenta correr la justicia es general y sin resguardar a nadie.
