Se complica la situación de la «médica trucha»: ahora la investigan por otra muerte y una amputación
La situación judicial de Lidia Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en distintas localidades del Chaco, se complicó aún más tras ser imputada por dos nuevos hechos en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Investigación Penal Nº3 de Sáenz Peña.
La mujer, de 43 años, se presentó nuevamente ante la Justicia y fue notificada de una nueva imputación por homicidio con dolo eventual y otra por lesiones gravísimas, esta última relacionada con la amputación de una pierna que sufrió un joven de 26 años. Tras la audiencia, Ojeda regresó al lugar donde permanece detenida.
Con estas nuevas acusaciones, el fiscal Marcelo Soto quedó en condiciones de resolver la situación procesal de la imputada y solicitó la prisión preventiva.
Hasta ahora, Ojeda estaba imputada por usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual, este último cargo relacionado con la muerte de un paciente de 63 años ocurrida el 21 de diciembre del año pasado en el hospital de Quitilipi.
Según la investigación, la mujer habría utilizado la matrícula profesional del médico Horacio Daniel Vázquez para desempeñarse en hospitales públicos, emitir recetas y diagnósticos, e incluso firmar al menos nueve certificados de defunción. Solo en el hospital de Quitilipi, donde trabajó desde mayo de 2025, se estima que atendió a más de 1.200 pacientes.
El caso comenzó a desentrañarse a partir de denuncias realizadas por médicos y enfermeros de los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, quienes advirtieron presuntas irregularidades en sus conocimientos y procedimientos durante las guardias.
Tras conocerse las denuncias, Ojeda abandonó la provincia, pero fue localizada y detenida días después en el partido bonaerense de Tres de Febrero, en un operativo conjunto entre las policías del Chaco y de Buenos Aires. Desde entonces permanece alojada en Sáenz Peña a disposición de la Justicia.
Durante los allanamientos realizados en su domicilio, los investigadores secuestraron insumos médicos, uniformes, documentación relacionada con pacientes, un sello oficial del Hospital «Dr. Emilio F. Rodríguez» de Quitilipi y fragmentos de papeles quemados, elementos que fueron incorporados al expediente.
Mientras avanza la causa por la muerte del paciente de Quitilipi y los nuevos hechos que se le atribuyen, la fiscalía continúa recabando testimonios y analizando otras denuncias por presunta mala praxis. Además, se investiga si existieron responsabilidades administrativas o penales de autoridades hospitalarias que permitieron su contratación sin verificar adecuadamente sus credenciales.