Sin la ley de Tierras, el Senado debate desalojos, manejo del fuego y expropiaciones: los detalles
El Senado retomará este jueves, desde las 14, el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque lo hará sin el capítulo que proponía modificar el régimen de protección de las tierras rurales. Tras constatar que no contaba con los votos necesarios, La Libertad Avanza decidió retirar ese apartado y concentrar la discusión en los cambios vinculados con desalojos, expropiaciones, registros inmobiliarios y la Ley de Manejo del Fuego.
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo e impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El proyecto obtuvo dictamen en mayo, después de varias reuniones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y su debate en el recinto había quedado en cuarto intermedio desde el 16 de julio.
El retroceso del Gobierno se produjo menos de 24 horas antes de la sesión. El capítulo retirado contemplaba elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras, pero la propuesta encontró resistencia en bloques opositores, sectores sociales y gobernadores que habitualmente acompañan iniciativas del Ejecutivo.
Los cuestionamientos de mandatarios provinciales y las dudas de varios senadores aliados dejaron al oficialismo sin margen para avanzar. Ante ese escenario, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comunicó que el apartado no sería incluido en la votación, con el objetivo de mantener en pie el resto del proyecto.
La participación virtual y la ausencia de Villarruel
Antes de ingresar al temario, los senadores deberán definir si autorizan a Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama a participar de manera remota, con voz y voto.
Fernández Sagasti cursa un embarazo de 32 semanas y cuenta con una indicación médica que le impide realizar viajes de larga distancia. Fama, en tanto, permanece en Catamarca mientras se recupera de una operación de rodilla.
La vicepresidenta Victoria Villarruel puso ambos pedidos a consideración del pleno e instruyó a los equipos técnicos del Senado para preparar las conexiones. La autorización definitiva, sin embargo, deberá ser resuelta por los propios legisladores al comienzo de la sesión.
Villarruel tampoco estará al frente del recinto porque quedará transitoriamente a cargo del Poder Ejecutivo durante el viaje de Javier Milei a Ecuador y Colombia. La modificación de la agenda presidencial fue interpretada en el Congreso como una maniobra para evitar que la vicepresidenta pueda definir una eventual votación empatada.
Qué propone sobre la Ley de Manejo del Fuego
Uno de los capítulos que permanece en discusión modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. La propuesta elimina los plazos que impiden cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios.
La normativa vigente establece una protección de 60 años para bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales incendiados. Durante ese período no se puede modificar el uso ni el destino de esas superficies.
También fija un plazo de 30 años para terrenos agropecuarios, praderas, pastizales, matorrales y zonas de interfase incendiadas, durante el cual quedan restringidos los emprendimientos inmobiliarios y otros cambios en la explotación de los predios.
El proyecto elimina esas prohibiciones temporales, aunque mantiene la obligación de desarrollar tareas de recomposición y restauración ambiental en las superficies afectadas.
Cambios en los desalojos
La iniciativa también busca ampliar las personas habilitadas para iniciar un proceso de desalojo. Podrá hacerlo quien invoque un derecho o un interés legítimo afectado sobre el inmueble.
El texto establece que el juez podrá ordenar la entrega inmediata de la propiedad cuando considere verosímil el derecho invocado, antes de que finalice el proceso judicial.
Cuando en el inmueble residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, se prevé un plazo de hasta diez días para que los organismos competentes articulen una alternativa habitacional.
Expropiaciones y registros inmobiliarios
En materia de expropiaciones, el proyecto determina que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva. Además, incorpora dentro de la indemnización el lucro cesante cuando sea una consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
También fija en 90 días el plazo máximo para la denominada «ocupación temporánea anormal», que permite al Estado utilizar transitoriamente un bien ante una necesidad urgente, imperiosa o súbita.
El texto incluye, además, la creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble y de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria. El sistema permitiría solicitar informes, certificados y copias, así como abonar tasas correspondientes a registros de distintas jurisdicciones del país.